El instrumento de financiamiento partirá de un capital semilla de 64 mil
millones de pesos que no compromete los ingresos del país. Para consolidarlo se
emplearán:
§ Recursos de
operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
§ Liquidación de la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
§ Venta de terrenos
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
§ Cobro de adeudos de
entidades públicas con el ISSSTE, IMSS y el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
§ Recursos de la
aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del
Infonavit.
Los recursos complementarios posteriores de este fondo serán resultado
de:
§ Liberación de
fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que resolverá la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
§ Ahorros de la
extinción de organismos creados para proteger la corrupción durante el periodo
neoliberal. Esta medida es parte de una iniciativa de reforma adicional que
postula la eliminación de duplicidad de funciones.
§ Utilidades
generadas hasta por el 25 por ciento de las empresas parestatales de las
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
§ Capitalización de
los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Pensiones para el
Bienestar.
La funcionaria expuso que la iniciativa de reforma a la Constitución de
2024 en materia de pensiones revierte efectos perjudiciales provocados por las
reformas neoliberales de Ernesto Zedillo del 1º de julio de 1997 y de Felipe
Calderón del 1° de abril de 2007, las cuales deterioraron los ingresos de las y
los jubilados.
Las modificaciones en sexenios anteriores no consideraron la verdadera
dinámica del mercado laboral del país ni las necesidades de la plantilla
laboral.
Por ejemplo, la Ley IMSS de 1973 contemplaba 500 semanas de cotización,
es decir, 10 años. Con la reforma de 1997 el requisito se incrementó a mil 250
semanas, lo que equivale a 24 años de cotización. De esta forma, cientos de
miles de trabajadores quedaron excluidos de una pensión por el aumento de
condiciones de un día para otro.
El 44.6 por ciento de las personas incorporadas a la Ley del IMSS de
1973 lograron una pensión, mientras que sólo el 25 por ciento de las y los
inscritos regidos por la Ley IMSS de 1997 alcanzaron esta prestación.
A consecuencia de la Ley IMSS de 1997, las y los trabajadores que,
después de cumplir con la alta cuota de semanas de cotización, perciben sólo un
27 por ciento en promedio de su último salario y la Ley ISSSTE de 2007 provoca
que trabajadores al servicio del Estado reciban el 60 por ciento del salario
base de cotización al retiro.
El titular del Ejecutivo puntualizó que al momento de que la medida de
pensiones completas se eleve a rango constitucional tendrá un efecto benéfico
en el incremento de los salarios.
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